Poca atención al debate del Código de la Democracia

Legisladoras. Aguiñaga (izq.) dio a conocer que junto a Rivadeneira y Holguín son investigadas por instigación. (Fotos: Asamblea Nacional)
Legisladoras. Aguiñaga (izq.) dio a conocer que junto a Rivadeneira y Holguín son investigadas por instigación. (Fotos: Asamblea Nacional)
Legisladoras. Aguiñaga (izq.) dio a conocer que junto a Rivadeneira y Holguín son investigadas por instigación. (Fotos: Asamblea Nacional)
Legisladoras. Aguiñaga (izq.) dio a conocer que junto a Rivadeneira y Holguín son investigadas por instigación. (Fotos: Asamblea Nacional)
Legisladoras. Aguiñaga (izq.) dio a conocer que junto a Rivadeneira y Holguín son investigadas por instigación. (Fotos: Asamblea Nacional)
Legisladoras. Aguiñaga (izq.) dio a conocer que junto a Rivadeneira y Holguín son investigadas por instigación. (Fotos: Asamblea Nacional)
Legisladoras. Aguiñaga (izq.) dio a conocer que junto a Rivadeneira y Holguín son investigadas por instigación. (Fotos: Asamblea Nacional)
Legisladoras. Aguiñaga (izq.) dio a conocer que junto a Rivadeneira y Holguín son investigadas por instigación. (Fotos: Asamblea Nacional)

La continuación del segundo debate del Código de la Democracia no obtuvo toda la atención de los legisladores, quienes ayer se concentraron en las reformas económicas enviadas por el Ejecutivo.

En lugar de escuchar las intervenciones, bancadas enteras (AP-Aliados, PSC, CREO) salieron a dar ruedas de prensa. Ni siquiera el presidente, César Litardo, estuvo en la mayor parte de la sesión. En un momento, el segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Carlos Cambala, presidió la sesión, aun cuando hay dos vicepresidentes.

En medio del debate, también, la legisladora correísta Marcela Aguiñaga dio a conocer que ella, Marcela Holguín y Gabriela Rivadeneira son investigadas por la Fiscalía por el presunto delito de instigación.

Además, la sesión estuvo llena del mismo discurso de las previas: que es necesario controlar el gasto electoral, que se debe fortalecer la paridad de género, que el método de asignación de escaños es injusto, que se debe garantizar la transparencia en todas las etapas electorales.

Rechazo
Las críticas también se repitieron. Pabel Muñoz (RC) sostuvo que hay un problema de cultura política, pues desde el regreso a la democracia se han realizado 27 reformas a la Ley de Elecciones y ahora se pretende apresurar un debate, en lugar de priorizar el análisis de las reformas económicas.

EL DATO
La sesión del segundo debate se suspendió ayer en la tarde porque había aproximadamente 15 legisladores registrados para hablar. “Este que debería ser un debate de atención de todos, la gente está hablando aquí, pero está pensando en la ley económica urgente”, criticó y llamó a los legisladores a no ser una “Asamblea sorda” a los intereses del pueblo.

La socialista Silvia Salgado también cuestionó cómo se ha modificado la Ley durante los últimos años. “Cada periodo electoral ha habido una reforma”, aseveró.

A ellos se sumó Henry Cucalón (PSC), pero para objetar que se pretenden incluir observaciones realizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que no son reformas introducidas formalmente. A lo cual, Marcela Holguín (RC) agregó que se pretenden incluir cambios que no fueron debatidos en primera instancia.

Más correístas investigados
Aguiñaga, Holguín y Rivadeneira fueron notificadas la tarde del martes, aunque la fiscal general, Diana Salazar, ya lo hizo público el martes en la Comisión Multipartidista que analiza los hechos del paro nacional, aunque sin mencionar sus nombres.

Manuel Peñafiel, presidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena, presentó la denuncia el 16 de octubre por presuntamente haber instigado e intentado derrocar el Gobierno legalmente constituido, según dijo ayer.

De acuerdo con Aguiñaga, la denuncia se fundamenta en su participación en una rueda de prensa el 3 de octubre en la que se solicitó que se convocara a una sesión extraordinaria de la Asamblea para revisar el Estado de Excepción decretado por el Ejecutivo. A su criterio, se pretende investigarlas por el ejercicio de sus funciones como legisladoras. (AGO)

La continuación del segundo debate del Código de la Democracia no obtuvo toda la atención de los legisladores, quienes ayer se concentraron en las reformas económicas enviadas por el Ejecutivo.

En lugar de escuchar las intervenciones, bancadas enteras (AP-Aliados, PSC, CREO) salieron a dar ruedas de prensa. Ni siquiera el presidente, César Litardo, estuvo en la mayor parte de la sesión. En un momento, el segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Carlos Cambala, presidió la sesión, aun cuando hay dos vicepresidentes.

En medio del debate, también, la legisladora correísta Marcela Aguiñaga dio a conocer que ella, Marcela Holguín y Gabriela Rivadeneira son investigadas por la Fiscalía por el presunto delito de instigación.

Además, la sesión estuvo llena del mismo discurso de las previas: que es necesario controlar el gasto electoral, que se debe fortalecer la paridad de género, que el método de asignación de escaños es injusto, que se debe garantizar la transparencia en todas las etapas electorales.

Rechazo
Las críticas también se repitieron. Pabel Muñoz (RC) sostuvo que hay un problema de cultura política, pues desde el regreso a la democracia se han realizado 27 reformas a la Ley de Elecciones y ahora se pretende apresurar un debate, en lugar de priorizar el análisis de las reformas económicas.

EL DATO
La sesión del segundo debate se suspendió ayer en la tarde porque había aproximadamente 15 legisladores registrados para hablar. “Este que debería ser un debate de atención de todos, la gente está hablando aquí, pero está pensando en la ley económica urgente”, criticó y llamó a los legisladores a no ser una “Asamblea sorda” a los intereses del pueblo.

La socialista Silvia Salgado también cuestionó cómo se ha modificado la Ley durante los últimos años. “Cada periodo electoral ha habido una reforma”, aseveró.

A ellos se sumó Henry Cucalón (PSC), pero para objetar que se pretenden incluir observaciones realizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que no son reformas introducidas formalmente. A lo cual, Marcela Holguín (RC) agregó que se pretenden incluir cambios que no fueron debatidos en primera instancia.

Más correístas investigados
Aguiñaga, Holguín y Rivadeneira fueron notificadas la tarde del martes, aunque la fiscal general, Diana Salazar, ya lo hizo público el martes en la Comisión Multipartidista que analiza los hechos del paro nacional, aunque sin mencionar sus nombres.

Manuel Peñafiel, presidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena, presentó la denuncia el 16 de octubre por presuntamente haber instigado e intentado derrocar el Gobierno legalmente constituido, según dijo ayer.

De acuerdo con Aguiñaga, la denuncia se fundamenta en su participación en una rueda de prensa el 3 de octubre en la que se solicitó que se convocara a una sesión extraordinaria de la Asamblea para revisar el Estado de Excepción decretado por el Ejecutivo. A su criterio, se pretende investigarlas por el ejercicio de sus funciones como legisladoras. (AGO)

La continuación del segundo debate del Código de la Democracia no obtuvo toda la atención de los legisladores, quienes ayer se concentraron en las reformas económicas enviadas por el Ejecutivo.

En lugar de escuchar las intervenciones, bancadas enteras (AP-Aliados, PSC, CREO) salieron a dar ruedas de prensa. Ni siquiera el presidente, César Litardo, estuvo en la mayor parte de la sesión. En un momento, el segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Carlos Cambala, presidió la sesión, aun cuando hay dos vicepresidentes.

En medio del debate, también, la legisladora correísta Marcela Aguiñaga dio a conocer que ella, Marcela Holguín y Gabriela Rivadeneira son investigadas por la Fiscalía por el presunto delito de instigación.

Además, la sesión estuvo llena del mismo discurso de las previas: que es necesario controlar el gasto electoral, que se debe fortalecer la paridad de género, que el método de asignación de escaños es injusto, que se debe garantizar la transparencia en todas las etapas electorales.

Rechazo
Las críticas también se repitieron. Pabel Muñoz (RC) sostuvo que hay un problema de cultura política, pues desde el regreso a la democracia se han realizado 27 reformas a la Ley de Elecciones y ahora se pretende apresurar un debate, en lugar de priorizar el análisis de las reformas económicas.

EL DATO
La sesión del segundo debate se suspendió ayer en la tarde porque había aproximadamente 15 legisladores registrados para hablar. “Este que debería ser un debate de atención de todos, la gente está hablando aquí, pero está pensando en la ley económica urgente”, criticó y llamó a los legisladores a no ser una “Asamblea sorda” a los intereses del pueblo.

La socialista Silvia Salgado también cuestionó cómo se ha modificado la Ley durante los últimos años. “Cada periodo electoral ha habido una reforma”, aseveró.

A ellos se sumó Henry Cucalón (PSC), pero para objetar que se pretenden incluir observaciones realizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que no son reformas introducidas formalmente. A lo cual, Marcela Holguín (RC) agregó que se pretenden incluir cambios que no fueron debatidos en primera instancia.

Más correístas investigados
Aguiñaga, Holguín y Rivadeneira fueron notificadas la tarde del martes, aunque la fiscal general, Diana Salazar, ya lo hizo público el martes en la Comisión Multipartidista que analiza los hechos del paro nacional, aunque sin mencionar sus nombres.

Manuel Peñafiel, presidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena, presentó la denuncia el 16 de octubre por presuntamente haber instigado e intentado derrocar el Gobierno legalmente constituido, según dijo ayer.

De acuerdo con Aguiñaga, la denuncia se fundamenta en su participación en una rueda de prensa el 3 de octubre en la que se solicitó que se convocara a una sesión extraordinaria de la Asamblea para revisar el Estado de Excepción decretado por el Ejecutivo. A su criterio, se pretende investigarlas por el ejercicio de sus funciones como legisladoras. (AGO)

La continuación del segundo debate del Código de la Democracia no obtuvo toda la atención de los legisladores, quienes ayer se concentraron en las reformas económicas enviadas por el Ejecutivo.

En lugar de escuchar las intervenciones, bancadas enteras (AP-Aliados, PSC, CREO) salieron a dar ruedas de prensa. Ni siquiera el presidente, César Litardo, estuvo en la mayor parte de la sesión. En un momento, el segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Carlos Cambala, presidió la sesión, aun cuando hay dos vicepresidentes.

En medio del debate, también, la legisladora correísta Marcela Aguiñaga dio a conocer que ella, Marcela Holguín y Gabriela Rivadeneira son investigadas por la Fiscalía por el presunto delito de instigación.

Además, la sesión estuvo llena del mismo discurso de las previas: que es necesario controlar el gasto electoral, que se debe fortalecer la paridad de género, que el método de asignación de escaños es injusto, que se debe garantizar la transparencia en todas las etapas electorales.

Rechazo
Las críticas también se repitieron. Pabel Muñoz (RC) sostuvo que hay un problema de cultura política, pues desde el regreso a la democracia se han realizado 27 reformas a la Ley de Elecciones y ahora se pretende apresurar un debate, en lugar de priorizar el análisis de las reformas económicas.

EL DATO
La sesión del segundo debate se suspendió ayer en la tarde porque había aproximadamente 15 legisladores registrados para hablar. “Este que debería ser un debate de atención de todos, la gente está hablando aquí, pero está pensando en la ley económica urgente”, criticó y llamó a los legisladores a no ser una “Asamblea sorda” a los intereses del pueblo.

La socialista Silvia Salgado también cuestionó cómo se ha modificado la Ley durante los últimos años. “Cada periodo electoral ha habido una reforma”, aseveró.

A ellos se sumó Henry Cucalón (PSC), pero para objetar que se pretenden incluir observaciones realizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que no son reformas introducidas formalmente. A lo cual, Marcela Holguín (RC) agregó que se pretenden incluir cambios que no fueron debatidos en primera instancia.

Más correístas investigados
Aguiñaga, Holguín y Rivadeneira fueron notificadas la tarde del martes, aunque la fiscal general, Diana Salazar, ya lo hizo público el martes en la Comisión Multipartidista que analiza los hechos del paro nacional, aunque sin mencionar sus nombres.

Manuel Peñafiel, presidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena, presentó la denuncia el 16 de octubre por presuntamente haber instigado e intentado derrocar el Gobierno legalmente constituido, según dijo ayer.

De acuerdo con Aguiñaga, la denuncia se fundamenta en su participación en una rueda de prensa el 3 de octubre en la que se solicitó que se convocara a una sesión extraordinaria de la Asamblea para revisar el Estado de Excepción decretado por el Ejecutivo. A su criterio, se pretende investigarlas por el ejercicio de sus funciones como legisladoras. (AGO)