Informe tibio sobre el paro de octubre en Ecuador se podría arreglar en el Pleno

CUESTIONAMIENTO. El asambleísta César Rohón, quien conforma la Mesa Ocasional, no se acogió al informe y se mostró crítico con el contenido.
CUESTIONAMIENTO. El asambleísta César Rohón, quien conforma la Mesa Ocasional, no se acogió al informe y se mostró crítico con el contenido.
CUESTIONAMIENTO. El asambleísta César Rohón, quien conforma la Mesa Ocasional, no se acogió al informe y se mostró crítico con el contenido.
CUESTIONAMIENTO. El asambleísta César Rohón, quien conforma la Mesa Ocasional, no se acogió al informe y se mostró crítico con el contenido.
CUESTIONAMIENTO. El asambleísta César Rohón, quien conforma la Mesa Ocasional, no se acogió al informe y se mostró crítico con el contenido.
CUESTIONAMIENTO. El asambleísta César Rohón, quien conforma la Mesa Ocasional, no se acogió al informe y se mostró crítico con el contenido.
CUESTIONAMIENTO. El asambleísta César Rohón, quien conforma la Mesa Ocasional, no se acogió al informe y se mostró crítico con el contenido.
CUESTIONAMIENTO. El asambleísta César Rohón, quien conforma la Mesa Ocasional, no se acogió al informe y se mostró crítico con el contenido.

El informe que aprobó la Comisión Ocasional Multipartidista sobre los hechos del paro nacional no establece responsabilidades políticas y tampoco revela información nueva sobre la protesta de octubre.

Además, le falta contundencia en las conclusiones y recomendaciones, según César Rohón (PSC) y Héctor Yépez (CREO). Por eso, los asambleístas esperan que una vez que el Pleno de la Asamblea conozca el documento de 176 páginas se lo mejore y no tenga un “mensaje difuso”, como actualmente, dijo Rohón.

La noche del martes, la Mesa Legislativa aprobó con seis votos a favor y una abstención el informe sobre la protesta. Durante la sesión se hicieron modificaciones al texto y se suavizaron las conclusiones, pues se hace un recuento de los hechos sin ser categóricos.

Lo que dicen las conclusiones es que el detonante de las protestas de octubre fue el Decreto 883, que eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel; que no se puede justificar la violencia; que hubo violación a Derechos Humanos, que se afectó propiedad pública y privada, y que presuntamente se cometieron delitos que deben ser investigados.

Más conclusiones
No se señala con claridad si hubo o no uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y Fuerzas Armadas, pues se indica que eso también debe ser investigado. Se afirma que hubo afectaciones económicas y que se perjudicó a la economía del país, se condenan los ataques a periodistas y medios de comunicación, y se dice que es preocupante que miembros de la Fuerza Pública hayan sido retenidos.

EL DATO
En el informe no se incluyó que se haga un pedido de amnistía para los correístas detenidos en el marco de las protestas. Finalmente, afirma que son inadmisibles acciones, expresiones y declaraciones discriminatorias y se reprueba la actitud del representante del Centro de Inteligencia Estratégica que no asistió a la Comisión.

Con esas conclusiones, hace un llamado a la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo y otras entidades que investiguen con imparcialidad y celeridad. Mientras, al Gobierno establece un plazo de 30 días para que informe a la Asamblea sobre observaciones internacionales que haya recibido al país y sobre el número de personas fallecidas y sus causas.

Justificación
El presidente de la Comisión, Fernando Burbano, y los asambleístas Doris Soliz (RC) y Carlos Vera (AP-Aliados), en rueda de prensa, defendieron el informe y justificaron que no se hayan establecido responsabilidades.

“Si ustedes querían nombres y apellidos, ese no era nuestro objetivo”, señaló Burbano, quien cree que con el documento los legisladores podrán realizar control político en el futuro. Mientras Soliz señaló que no se debe judicializar la política.

A criterio de ellos, el informe es importante porque nadie ha concentrado las posturas de todos los sectores en un solo documento, sin estar de un lado o de otro, y porque no se ha seguido el discurso del Gobierno de un intento de golpe de Estado. Además, porque sería un pronunciamiento oficial de la Asamblea, a pesar de que sea información que ya se conocía.

Frente a estas declaraciones, Yépez espera que las conclusiones del informe ganen contundencia en el Pleno, pues en la Comisión se tuvo que buscar consensos para aprobarlo. (AGO)

El informe que aprobó la Comisión Ocasional Multipartidista sobre los hechos del paro nacional no establece responsabilidades políticas y tampoco revela información nueva sobre la protesta de octubre.

Además, le falta contundencia en las conclusiones y recomendaciones, según César Rohón (PSC) y Héctor Yépez (CREO). Por eso, los asambleístas esperan que una vez que el Pleno de la Asamblea conozca el documento de 176 páginas se lo mejore y no tenga un “mensaje difuso”, como actualmente, dijo Rohón.

La noche del martes, la Mesa Legislativa aprobó con seis votos a favor y una abstención el informe sobre la protesta. Durante la sesión se hicieron modificaciones al texto y se suavizaron las conclusiones, pues se hace un recuento de los hechos sin ser categóricos.

Lo que dicen las conclusiones es que el detonante de las protestas de octubre fue el Decreto 883, que eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel; que no se puede justificar la violencia; que hubo violación a Derechos Humanos, que se afectó propiedad pública y privada, y que presuntamente se cometieron delitos que deben ser investigados.

Más conclusiones
No se señala con claridad si hubo o no uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y Fuerzas Armadas, pues se indica que eso también debe ser investigado. Se afirma que hubo afectaciones económicas y que se perjudicó a la economía del país, se condenan los ataques a periodistas y medios de comunicación, y se dice que es preocupante que miembros de la Fuerza Pública hayan sido retenidos.

EL DATO
En el informe no se incluyó que se haga un pedido de amnistía para los correístas detenidos en el marco de las protestas. Finalmente, afirma que son inadmisibles acciones, expresiones y declaraciones discriminatorias y se reprueba la actitud del representante del Centro de Inteligencia Estratégica que no asistió a la Comisión.

Con esas conclusiones, hace un llamado a la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo y otras entidades que investiguen con imparcialidad y celeridad. Mientras, al Gobierno establece un plazo de 30 días para que informe a la Asamblea sobre observaciones internacionales que haya recibido al país y sobre el número de personas fallecidas y sus causas.

Justificación
El presidente de la Comisión, Fernando Burbano, y los asambleístas Doris Soliz (RC) y Carlos Vera (AP-Aliados), en rueda de prensa, defendieron el informe y justificaron que no se hayan establecido responsabilidades.

“Si ustedes querían nombres y apellidos, ese no era nuestro objetivo”, señaló Burbano, quien cree que con el documento los legisladores podrán realizar control político en el futuro. Mientras Soliz señaló que no se debe judicializar la política.

A criterio de ellos, el informe es importante porque nadie ha concentrado las posturas de todos los sectores en un solo documento, sin estar de un lado o de otro, y porque no se ha seguido el discurso del Gobierno de un intento de golpe de Estado. Además, porque sería un pronunciamiento oficial de la Asamblea, a pesar de que sea información que ya se conocía.

Frente a estas declaraciones, Yépez espera que las conclusiones del informe ganen contundencia en el Pleno, pues en la Comisión se tuvo que buscar consensos para aprobarlo. (AGO)

El informe que aprobó la Comisión Ocasional Multipartidista sobre los hechos del paro nacional no establece responsabilidades políticas y tampoco revela información nueva sobre la protesta de octubre.

Además, le falta contundencia en las conclusiones y recomendaciones, según César Rohón (PSC) y Héctor Yépez (CREO). Por eso, los asambleístas esperan que una vez que el Pleno de la Asamblea conozca el documento de 176 páginas se lo mejore y no tenga un “mensaje difuso”, como actualmente, dijo Rohón.

La noche del martes, la Mesa Legislativa aprobó con seis votos a favor y una abstención el informe sobre la protesta. Durante la sesión se hicieron modificaciones al texto y se suavizaron las conclusiones, pues se hace un recuento de los hechos sin ser categóricos.

Lo que dicen las conclusiones es que el detonante de las protestas de octubre fue el Decreto 883, que eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel; que no se puede justificar la violencia; que hubo violación a Derechos Humanos, que se afectó propiedad pública y privada, y que presuntamente se cometieron delitos que deben ser investigados.

Más conclusiones
No se señala con claridad si hubo o no uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y Fuerzas Armadas, pues se indica que eso también debe ser investigado. Se afirma que hubo afectaciones económicas y que se perjudicó a la economía del país, se condenan los ataques a periodistas y medios de comunicación, y se dice que es preocupante que miembros de la Fuerza Pública hayan sido retenidos.

EL DATO
En el informe no se incluyó que se haga un pedido de amnistía para los correístas detenidos en el marco de las protestas. Finalmente, afirma que son inadmisibles acciones, expresiones y declaraciones discriminatorias y se reprueba la actitud del representante del Centro de Inteligencia Estratégica que no asistió a la Comisión.

Con esas conclusiones, hace un llamado a la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo y otras entidades que investiguen con imparcialidad y celeridad. Mientras, al Gobierno establece un plazo de 30 días para que informe a la Asamblea sobre observaciones internacionales que haya recibido al país y sobre el número de personas fallecidas y sus causas.

Justificación
El presidente de la Comisión, Fernando Burbano, y los asambleístas Doris Soliz (RC) y Carlos Vera (AP-Aliados), en rueda de prensa, defendieron el informe y justificaron que no se hayan establecido responsabilidades.

“Si ustedes querían nombres y apellidos, ese no era nuestro objetivo”, señaló Burbano, quien cree que con el documento los legisladores podrán realizar control político en el futuro. Mientras Soliz señaló que no se debe judicializar la política.

A criterio de ellos, el informe es importante porque nadie ha concentrado las posturas de todos los sectores en un solo documento, sin estar de un lado o de otro, y porque no se ha seguido el discurso del Gobierno de un intento de golpe de Estado. Además, porque sería un pronunciamiento oficial de la Asamblea, a pesar de que sea información que ya se conocía.

Frente a estas declaraciones, Yépez espera que las conclusiones del informe ganen contundencia en el Pleno, pues en la Comisión se tuvo que buscar consensos para aprobarlo. (AGO)

El informe que aprobó la Comisión Ocasional Multipartidista sobre los hechos del paro nacional no establece responsabilidades políticas y tampoco revela información nueva sobre la protesta de octubre.

Además, le falta contundencia en las conclusiones y recomendaciones, según César Rohón (PSC) y Héctor Yépez (CREO). Por eso, los asambleístas esperan que una vez que el Pleno de la Asamblea conozca el documento de 176 páginas se lo mejore y no tenga un “mensaje difuso”, como actualmente, dijo Rohón.

La noche del martes, la Mesa Legislativa aprobó con seis votos a favor y una abstención el informe sobre la protesta. Durante la sesión se hicieron modificaciones al texto y se suavizaron las conclusiones, pues se hace un recuento de los hechos sin ser categóricos.

Lo que dicen las conclusiones es que el detonante de las protestas de octubre fue el Decreto 883, que eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel; que no se puede justificar la violencia; que hubo violación a Derechos Humanos, que se afectó propiedad pública y privada, y que presuntamente se cometieron delitos que deben ser investigados.

Más conclusiones
No se señala con claridad si hubo o no uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y Fuerzas Armadas, pues se indica que eso también debe ser investigado. Se afirma que hubo afectaciones económicas y que se perjudicó a la economía del país, se condenan los ataques a periodistas y medios de comunicación, y se dice que es preocupante que miembros de la Fuerza Pública hayan sido retenidos.

EL DATO
En el informe no se incluyó que se haga un pedido de amnistía para los correístas detenidos en el marco de las protestas. Finalmente, afirma que son inadmisibles acciones, expresiones y declaraciones discriminatorias y se reprueba la actitud del representante del Centro de Inteligencia Estratégica que no asistió a la Comisión.

Con esas conclusiones, hace un llamado a la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo y otras entidades que investiguen con imparcialidad y celeridad. Mientras, al Gobierno establece un plazo de 30 días para que informe a la Asamblea sobre observaciones internacionales que haya recibido al país y sobre el número de personas fallecidas y sus causas.

Justificación
El presidente de la Comisión, Fernando Burbano, y los asambleístas Doris Soliz (RC) y Carlos Vera (AP-Aliados), en rueda de prensa, defendieron el informe y justificaron que no se hayan establecido responsabilidades.

“Si ustedes querían nombres y apellidos, ese no era nuestro objetivo”, señaló Burbano, quien cree que con el documento los legisladores podrán realizar control político en el futuro. Mientras Soliz señaló que no se debe judicializar la política.

A criterio de ellos, el informe es importante porque nadie ha concentrado las posturas de todos los sectores en un solo documento, sin estar de un lado o de otro, y porque no se ha seguido el discurso del Gobierno de un intento de golpe de Estado. Además, porque sería un pronunciamiento oficial de la Asamblea, a pesar de que sea información que ya se conocía.

Frente a estas declaraciones, Yépez espera que las conclusiones del informe ganen contundencia en el Pleno, pues en la Comisión se tuvo que buscar consensos para aprobarlo. (AGO)