El proceso no se ha detenido, ni se vio afectado por el acuerdo de paz entre el Gobierno y el movimiento indígena. Una consultora privada fue contratada para valor cada gasolinera.
Ítalo Cedeño, gerente de Petroecuador, explicó que la petrolera estatal debe seguir vendiendo gasolina al por mayor, pero no es viable seguir compitiendo en el mercado minorista con los privados que distribuyen y comercializan.
«Petroecuador es un monstruo. Tiene 10.000 empleados. Tiene actividades que usted no se imagina en todo el Ecuador: terminales, poliductos, oleoductos, pozos petroleros refinerías, plantas de gas. Tiene tanta cosas que no puede además estar compitiendo en el mercado minorista de combustibles», dijo.
Dentro del decreto 95, que ha sido derogado dentro del acuerdo con el movimiento indígena, ya desde el año pasado se establecía la necesidad de vender las 45 gasolineras de propiedad de Petroecuador en todo el país. El proceso se ha demorado porque la burocracia siempre es mayor que los planes en un país como el Ecuador, pero Cedeño recalcó que no se ha desechado la meta.
«Este es un proceso en marcha, que no está sujeto a negociación con los indígenas. Yo voy a vender las gasolineras. Esa no es mi rama de especialidad y existen un conflicto de intereses y además es desleal que compita con mis clientes», dijo el funcionario durante una comparecencia ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea.
Hace 10 años (2012), el Gobierno de Rafael Correa emitió un acuerdo ministerial, donde se obligó a más de 40 gasolineras privadas a pasar a manos del Estado.
En teoría, se buscaba reducir el contrabando de combustibles y controlar la comercialización. Sin embargo, Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), puntualizó que no se cumplió con ninguno de esos objetivos.
«Los problemas de contrabando siguen igual y esas estaciones se convirtieron en un lastre porque sus costos de operación son mayores que las privadas», dijo.
Esas gasolineras que pasaron a la fuerza al sector público son las que ahora se quiere vender
¿ En qué punto está el proceso?
En primera instancia, la secretaria técnica de Gestión Inmobiliar realizó el análisis para tener dictámenes técnicos jurídicos que avalen la venta de las gasolineras. En segunda instancia, el 27 de junio de 2022 se firmó un contrato con la consultora externa SummaServices, con el fin de que realice la valoración de cada estación de servicio y se establezca la metodología de venta. Ese contrato tiene un valor de $361.000 y un plazo de ejecución de 80 días
Esa valoración servirá, al momento de salir a los concursos públicos, como precio de referencia para todos los oferentes que quieran participar en el proceso. Es decir, las gasolineras no se podrán vender por menos de ese valor
A breves rasgos, sin que no se tomen en cuenta otros muchos factores, dos de los elementos más importantes para establecer el costo de cada estación de servicio son el volumen de ventas y la ubicación.
Por otro lado, Petroecuador también está cerrando su línea de negocios con las gasolineras que usan la marca de la petrolera estatal como una especie de franquicia. Esas gasolineras no son de propiedad del Estado. Se está esperando que terminen los contratos vigentes, con el propósito de ya no renovarlos. Así, las comercializadoras privadas deberán buscar otras marcas para seguir operando. (JS)