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El Ejército de Colombia embarrado por abuso sexual

JUL, 02, 2020 |

BOGOTÁ. Cientos de personas marcharon el martes contra la gestión del Gobierno durante la pandemia, el asesinato sistemático de líderes sociales y la violación de una niña por parte de siete soldados.

En los últimos días se registró la violación de dos niñas indígenas por grupos de soldados. La sociedad busca respuestas.

Redacción BOGOTÁ

El ejército de Colombia investiga a 118 miembros de la institución, desde 2016, por denuncias de violación y abuso sexual, según reveló ayer el comandante del Ejército, mayor general Eduardo Zapateiro.

La conducta del Ejército colombiano, que comenzó a ser cuestionada hace más de una década por las ejecuciones extrajudiciales de civiles, está otra vez bajo la lupa por denuncias de violación y abusos sexuales contra indígenas menores de edad.

Las denuncias de los últimos días de violaciones a dos niñas, una de 12 años de la etnia embera-chamí por siete soldados del Batallón San Mateo en el departamento de Risaralda (centro), y de otra de 15 de la tribu nómada nukak makú por dos militares del Batallón Joaquín París, en el Guaviare (suroeste), generaron indignación en la sociedad que espera sanciones para los responsables.

Discurso e impunidad

Al igual que en otros escándalos recientes que involucran al Ejército, como el del espionaje a por lo menos 130 ciudadanos, incluidos periodistas colombianos y extranjeros, en el de las violaciones de las niñas indígenas la respuesta de los superiores es la promesa de castigo a los responsables, generalmente catalogadas como "manzanas podridas" y la reiteración de la política de "tolerancia cero" con quienes falten al honor militar.

Sin embargo, hay quienes creen que los crímenes cometidos por militares no pueden considerarse producto de desviaciones de unos pocos sino que obedecen a un patrón de comportamiento institucional porque no puede explicarse de otra forma la impunidad que suele rodear estos casos.

"No son para nada una rueda suelta, por el contrario, hay complicidad incluso de los superiores porque cuando encuentran que sus muchachos cometen un delito de estos en un territorio son los mismos superiores los que han ido a negociar con las familias (para silenciarlas), que fue lo que pasó en el caso de la niña embera", dijo a Efe la directora de la Corporación Humanas, Adriana Benjumea.

Condena internacional

La violación múltiple de la niña embera-chamí recibió incluso la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió al Estado colombiano "cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables", así como proteger a la menor y su familia.

"En particular, tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) han reconocido que la violación sexual de una detenida por un agente del Estado es un acto especialmente grave y reprobable, atendiendo la situación de vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente", señaló el organismo.

Acostumbrado a gozar de amplia aprobación popular por su papel en la lucha contra los grupos guerrilleros, especialmente contra las FARC, hoy convertidas en partido político, al Ejército le ha costado adaptarse al nuevo escenario creado por el acuerdo de paz, que requiere una mayor convivencia ciudadana.

Duque compra de votos

Redacción BOGOTÁ
 (EFE)

La sombra de una supuesta compra de votos en la campaña electoral del presidente colombiano, Iván Duque, en 2018, cuyo partido, el Centro Democrático, es objeto de una investigación, tras una declaración de su directora, Nubia Stella Martínez, ante la Fiscalía.

La denuncia parte de un audio interceptado al fallecido ganadero José Guillermo Hernández, conocido como "Ñeñe", en las que habla de una supuesta compra de votos para la campaña de Duque en 2018 en el departamento de La Guajira y también se menciona a su mentor, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Según una investigación del diario El Tiempo publicada ayer, Martínez y Daza conversaron sobre aportes para la campaña de Duque que al parecer provenían de otro país, algo prohibido por la ley.

En esa charla, Daza preguntó "¿Qué pasó con lo del venezolano?" -en referencia al empresario Oswaldo Cisneros, presidente de la empresa de telecomunicaciones Digitel- a lo cual la directora del partido respondió: "Sí. ¿Sabes cuánto nos dio? 300.000 dólares".