Decenas de transportistas públicos de Tungurahua que se sienten afectados por las multas de los fotorradares se dieron cita ayer en el Complejo Judicial para pedir que la acción de protección que solicitaron falle a su favor, sin embargo, esto no pasó.
“Tuvimos una gran desilusión, a pesar que la sentencia de la jueza estuvo de nuestro lado casi en un 80%, en la parte final cuando se debía reconocer la reparación integral, se nos negó”, dijo Manuel García, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis de Tungurahua.
García mencionó, además, que irán hasta las últimas instancias. Apelarán en la Corte Constitucional.
Contexto
Cuando inició la pandemia varios conductores de taxis convencionales y rurales, camionetas, camiones y furgonetas que transportan pasajeros se dieron cuenta que tenían multas emitidas por exceso de velocidad registradas en los fotosensores.
Aseguraron que antes las multas en Ambato, se establecían desde los 50 kilómetros de velocidad en adelante y ahora son desde los 40 kilómetros por hora.
Hay conductores que tendrían que pagar más de mil dólares porque tienen registradas más de 10 infracciones.
Polémica
Desde 2016 según el artículo 191 del Reglamento a Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el límite máximo de velocidad en el sector urbano para los vehículos de transporte público de pasajeros, es de 40 kilómetros y el rango moderado es de 40 a 50 kilómetros.
Sin embargo, los transportistas aseguraron que en la ciudad el límite estaba establecido en 50 kilómetros por hora.
No hubo socialización
En julio, este grupo armó una protesta en la Defensoría del Pueblo, fue entonces cuando Javier Aguinaga, procurador síndico del cabildo, mencionó que hay un desacuerdo entre la calibración de los fotosensores y la señalética, que no contó con la autorización municipal y tampoco se socializó con el Municipio y los transportistas.
También en esa fecha, Jaime Castellanos, gerente general de la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES), mencionó que no entiende cuál es el reclamo de los trasportistas.
“No sé por qué no están dispuestos a cumplir la ley, incluso hay una recomendación de Contraloría que dice deben sujetarse a la norma establecida”, dijo Castellanos. (APQ)