Con los ojos bañados en lágrimas, desorientada y el alma devastaba estaba Karina*, madre de Sofía* de apenas 9 años de edad, a quien se le escapó la vida o al menos eso es lo que pensaba su madre al contar que fue violada con crueldad.
Aunque el escalofriante suceso parece de otro mundo se dio al sur de Ambato, la tarde de un martes cuando Karina dejó a Sofía y a Julián*, su hijo de 12 años, en la casa de su abuelo en Picaihua, mientras ella realizaba una diligencia.
Dos horas después el teléfono de la madre sonó. Era su hija pidiéndole que por favor fuera a llevarla, que no quería estar más tiempo en la casa de su abuelo.
Karina no dudó, en ese instante fue a retirar a los pequeños. Camino a casa preguntó a Sofía: “¿por qué no querías estar ahí?”.
La niña temerosa se negó a hablar. “No, porque si te cuento me vas a pegar”, dijo.
A las insistencias de la madre, Julián rompió el silencio y reveló que mientras el niño fue a imprimir unas hojas, encontró a un vecino solo en el cuatro con Sofía.
Su hermana le contó que este hombre abusó sexualmente de ella.
Desde ese día no hay descanso para la familia, la pesadilla continúa a pesar de que denunciaron al agresor el proceso continúa.
Realidad
Este solo es uno de los casos de los cientos que se dan en Tungurahua y que aunque no se cuentan están allí, engrosando las estadísticas.
Según datos de la Fiscalía General durante el 2019 en Tungurahua se registraron 192 casos consumados solo de violaciones en general, mientras que hasta agosto de 2020 ya se contabilizan 100 casos.
A decir de los colectivos de mujeres estas cifras son solo de aquellas familias o víctimas que se atreven a denunciar, pero detrás hay otra realidad más cruel, las de aquellas víctimas que quedan en el silencio.
Así se evidencia cuando las víctimas se deciden a hablar o luego de varios años rompen el silencio para denunciar, como se registró en la sentencia de varios agresores en los últimos días, entre ellos un individuo catalogado como violador en serie, el mismo que debe cumplir varias sentencias.
Vero Vera, del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna, manifestó que si bien las estadísticas son fuertes, más duras son las situaciones que complejizan el tratamiento de esta problemática, entre ellas la falta de denuncias de las mismas familias de la víctima, la poca educación de sexualidad, la deficiente atención integral a las víctimas, entre otras.
Para la experta es importante que la sociedad misma destape el tema puesto que la sexualidad continúa siendo un tema tabú del que no se debe hablar, lo cual dificulta la detección de los delitos sexuales en contra de los menores de edad.
“El Estado tiene que generar campañas de promoción para que las víctimas denuncien. A dónde poder ir, qué atención pueden recibir”, dijo.
Además, explicó que la sociedad y los colectivos deben exigir que el Estado garantice el cumplimiento de la ley, que muchas veces quedan en el papel. “Tenemos una Ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, una Ley orgánica de salud donde se establecen parámetros de atención, en fin muchos instrumentos que no se logra hacer cumplir”, mencionó. (FCT) (*Nombre protegido)
Dato
En Ecuador hasta agosto de este año se contabilizan 3.278 casos.