Elio Peña, asambleísta de Zamora Chinchipe, indicó que está buscando dentro de la Asamblea Nacional que se exija aplicar con rigurosidad las leyes en contra de la impunidad de los delitos de corrupción por parte de las entidades competente y que, a su criterio, vuelva la independencia a las funciones del Estado. “Deberíamos comenzar con la firma de acuerdos de extradición con países como Estados Unidos, de esa forma tendremos los recursos legales para repatriar a quienes han cometido actos dolosos en nuestro país y que ahora viven campantes en esa nación disfrutando de lo robado”, propone.
Asimismo, indicó que “se debe seguir ejemplos como el de Guatemala, país que desde el 2007 cuenta con una Comisión Internacional contra la Impunidad, la misma que tiene el aval de las Naciones Unidas, pues el Gobierno de ese país centroamericano firmó un convenio con esa organización, lo que ha permitido obtener excelentes resultados en materia de investigación y el develamiento de casos de corrupción en altos funcionarios que en la actualidad, muchos de ellos ya están pagando sus penas por los delitos cometidos”.
Agrega que “si no empezamos combatiendo la impunidad, no podremos combatir la corrupción, debemos dar ese primer paso, la impunidad en el Ecuador obedece a que en el país se ha perdido la institucionalidad de las funciones del Estado, por ello debemos buscar mecanismos que permitan investigar la fuga de capitales, el enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, el peculado y otros delitos que lastimosamente se han enquistado en la administración pública y que lastimosamente han sido amparados por fiscales, contralores y jueces, que han sucumbido a los tentáculos de la corrupción, para ello necesitamos funciones del Estado responsables e independientes”.
A decir de Peña, “es nuestra responsabilidad histórica luchar contra la impunidad y la corrupción, no podemos perder esta guerra, este es el momento de actuar y sancionar con mano dura en contra los corruptos y corruptores. Debemos crear un marco legal para investigar y encarcelar a quienes cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos ecuatorianos e identificar los vínculos con altos funcionarios del Estado. La justicia debe juzgar actividades, modalidades de operación y el origen de las causas de la corrupción, por parte de los organismos encargados de esta labor, pero con funcionarios e instituciones honestas e independientes”. (JGN)
Es nuestra responsabilidad histórica luchar contra la impunidad y la corrupción…”
Elio Peña