Varios casos que fueron abordados bajo presión política han comenzado a encontrar decisiones en derecho.
A partir de la consulta popular de 2011, la percepción de una Justicia influenciada desde el Ejecutivo se consolidó en el país. Desde el proceso de reforma, que pretendía “meter las manos en la Justicia” para mejorarla, según el mismo expresidente Rafael Correa, el Estado no perdía juicios por regla general.
Varios jueces fueron removidos en aplicación del polémico ‘error inexcusable’, los críticos al Régimen empezaron a ser judicializados y la protesta social comenzó a ser criminalizada.
En 2017, el excontralor Carlos Pólit perdonó a los miembros de la Comisión Anticorrupción de una condena por injurias, que hubiera llevado a Isabel Robalino, de 99 años, la primera senadora mujer de la historia ecuatoriana, a cumplir una condena de un año de privación de libertad.
Semanas después Pólit huyó del país, tras descubrirse que cobró USD 10,1 millones en coimas de Odebrecht. Casos como este demuestran las flaquezas de la Justicia en esa época. Sin embargo, con el actual Gobierno, los jueces pueden tomar decisiones en derecho y no bajo presiones.
El periodista Martín Pallares fue declarado inocente en una denuncia de Rafael Correa, el estadista Polibio Córdova fue declarado inocente de la falsificación de un documento privado y la Fiscalía se abstuvo de acusar al exasambleísta Cléver Jiménez y al activista Fernando Villavicencio.
Cambios
“Creo que hay señales positivas y casos que permiten tener la percepción de que hay un cambio hacia una mayor independencia. El escenario no es el mismo del año pasado”, dijo el abogado de Teleamazonas, David Ortiz. Pero aclaró que “todavía es muy pronto para establecer una conclusión de que realmente tenemos una justicia independiente”.
EL DATO
Medios como Teleamazonas, El Comercio y La Hora encontraron resguardo judicial contra los abusos de la Superintendencia de Información y ComunicaciónLa abogada María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, coincide con Ortiz. “Creo que las decisiones han sido apegadas a estándares internacionales, pero tiene que ver mucho con que Correa no está y que la persona que está en el Ejecutivo no tiene un interés directo en ejercer presión sobre los jueces”, dijo.
Sin embargo, señaló que en el caso de Córdova las declaraciones de Moreno en contra de la decisión de la Justicia “fue algo propio de Correa y un claro intento de injerencia”.
Pero la abogada de Córdova, Lorena Grillo, es más optimista. “La independencia judicial ha mejorado bastante. La jueza actuó apegada a derecho. O bien no había una presión sobre ella o no se dejó presionar”, dijo.
Los tres analistas coinciden que existe un proceso de recuperación definitiva de la independencia judicial, pero aclaran que todavía falta. (MMD)