Lo hacen a través de las entidades de Gobierno en eventos, servicios y bienes públicos.
“La obra no es de ningún político, es de la gente, porque la plata no la ha puesto el político”, manifestó en uno de sus discursos el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, al referirse a las autoridades electas por votación popular que ubican su nombre en las obras o servicios institucionales que brindan a la ciudadanía.
Sin embargo, su mensaje es opuesto a las acciones que realizan las diferentes Carteras de Estado en territorio. Ya que la imagen institucional implementada por el Gobierno Nacional en el presente año, hace uso y resalta el nombre del primer mandatario, Lenín Moreno Garcés.
De acuerdo con el Código de la Democracia, en sus artículos 213 y 219, establece que está prohibido usar el nombre de una autoridad en servicios públicos u obras, esto incurriría en la imputación del gasto electoral, siempre y cuando este sea candidato.
“La publicidad que hacen las instituciones y que se ajuste a sus necesidades de difusión de servicios, no será regulada…, pero las publicaciones que se hacen previo a un proceso electoral, serán reguladas por el CNE” explicó Andersson Silva, director provincial del Consejo Nacional Electoral en Zamora Chinchipe.
Los juristas explican que si bien el CNE, no tiene competencias para controlar este tipo de difusión en servicios, bienes o eventos gubernamentales; la Constitución del Ecuador, en su artículo 115, habla de la prohibición de la difusión haciendo uso de bienes estatales y ante ello es la Contraloría General del Estado la que tiene la responsabilidad de regular y sancionar estas acciones administrativas.
“La Contraloría está en la obligación de determinar grados de responsabilidad civil, administrativa e incluso penal del buen o mal uso de los bienes públicos”, dijo el profesional del derecho, Fabián García.
Acotó que los servicios que brindan las instituciones son dados por el Gobierno Nacional, no por la persona que está al frente, “el Presidente de la República es el primer funcionario del Estado y eso implica que es el primero en ser llamado a cumplir la Constitución”, aseveró el profesional.
Cumplir la Constitución es cuestión de ética y responsabilidad con quienes lo eligieron”
Fabián García
abogado