Los operativos contra la minería ilegal se redujeron en 2020

TRABAJO. Solo se ha llegado a identificar una parte de la explotación ilegal.

La pandemia profundizó los problemas para contener esa actividad en todo el país. La capacidad del Estado se queda corta.

Según información de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales (ARC), el año pasado se ejecutaron 282 operativos de control contra la minería ilegal, a lo largo de todo el país.

Esos operativos, con el apoyo de la Unidad de Investigación de Delitos Mineros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, dio como resultado el decomiso de 26 bienes (maquinaria, equipos y vehículos), la inmovilización y destrucción ‘in situ’ de 47 bienes, y la incautación de alrededor de 16. 500 toneladas de material mineralizado.

A pesar de que las actividades ilícitas aumentaron, las restricciones de la pandemia y los problemas institucionales, sumado a la falta de personal que se arrastra desde algún tiempo, provocaron que los números alcanzados el año pasado sean 33% menores a los del 2019.

Poca cobertura

En el último año, se pasó de 418 a 282 operativos. El 85% de las acciones se concentraron en cinco provincias: Zamora Chinchipe, Napo, Imbabura, Azuay, Loja y Los Ríos (ver recuadro). Sin embargo, hay zonas completamente en el abandono, como Esmeraldas, donde existirían, al menos, 52 puntos de minería ilegal.

El 18 de noviembre de 2020, en uno de esos puntos ocurrió un trágico accidente donde murieron cinco personas. En Esmeraldas, la explotación legal de minerales está prohibida por acciones judiciales de 2011 y 2018, por lo que ni siquiera hay una oficina local del ARC.

Tampoco se ha logrado erradicar, por ejemplo, las actividades ilícitas en los yacimientos de oro ubicados en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, donde incluso en las últimas semanas continúan reportes de actividades fuera de la ley. (JS)

Sin sentencias ni seguimiento al procesamiento en plantas

La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) dice que las plantas de procesamiento de minerales deben emitir facturas electrónicas para conocer quiénes son sus clientes y determinar si sus actividades son legales.

Sin embargo, gran parte del procesamiento de oro sigue en la oscuridad y aunque las plantas sean legales, el material ilícito se sigue procesando a cambio de valores fijos o un porcentaje del oro obtenido.

Por otra parte, las sanciones por el lado judicial tampoco avanzan. Así, por ejemplo, no hay sentencias definitivas sobre los 182 detenidos que dejaron los operativos de control en 2019.

Tampoco hay mayores resultados contra las 11 empresas y 18 personas naturales vinculadas a presuntas compañías fantasma bajo la figura de actividades mineras. Esos involucrados fueron identificados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero Económico (UAFE).

Operativos contra la minería ilegal en 2020

Zamora Chinchipe         70
Napo                            53
Azuay                           34
Imbabura                      31
Los Ríos                        27
Loja                               25
Morona Santiago           15
Chimborazo                  14
Guayas                         13