Barbarie en prisión

FEB, 28, 2021 | - Por Kléber Mantilla Cisneros

La masacre de reos en varias cárceles del país sorprende y asusta al mundo. Esta semana quedó en evidencia que el Estado es inoperante y negligente para enfrentar las problemáticas vinculadas al control de prisiones tras la conducción de mafias del narcotráfico internacional. Por días, una serie de amotinamientos, rebeliones e intentos de fuga que desencadenaron en el peor hecho sangriento registrado que requiere la intervención inmediata de organismos de derechos humanos especializados.    

No se cumplen con los derechos básicos de los presos ni la desesperación de sus familias. El eufemismo de las propuestas políticas no aborda soluciones prácticas ni reformas integrales que traten el caos del sistema penitenciario. Los últimos episodios de criminalidad delatan la interconexión tecnológica, el mercado negro de dispositivos electrónicos dentro de las prisiones, la capacidad de ingresar armas y el manejo libre de teléfonos móvil. No solo se vuelven a encender las alertas sino que se delata la capacidad de organización y crueldad con que actúan las mafias de la droga. Escenario que suma las reiterativas falencias arrastradas por la sobrepoblación y reducidos presupuestos para atender el sistema carcelario.

Según expertos, los carteles de la droga mexicanos enfrentados desencadenaron el asesinato de unos 80 presos en el Ecuador. Jalisco Nueva Generación contra el de Sinaloa pero conectados con la narco guerrilla colombiana y con alianzas criminales locales (Lagartos en guerra con los Choneros). No obstante, el detalle mayúsculo es que la política nacional no puede estar financiada por la delincuencia organizada, ni tampoco se puede permitir que se rompan los protocolos de derechos humanos en las prisiones, mientras las autoridades miran para otro lado.

De ahí, la necesidad de restaurar la legitimidad del Estado y de las instituciones armadas: FFAA y Policía. Al parecer, un episodio obscuro que toca a los militares porque de ellos depende garantizar la seguridad ciudadana y eliminar la expansión del narcotráfico. Toda una proeza sería recuperar la institucionalidad y afianzar la democracia fuera de la politiquería infectada por el crimen organizado. Claro, cada vez se hace más imperioso fijar otro sistema de financiación de campañas políticas y de depuración del dinero ilegal. En efecto, las denuncias de aportes de la narco guerrilla del grupo ELN de Colombia tienen que ser investigadas y sancionadas a cabalidad antes de transitar a un nuevo gobierno.

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