Por más de un año, la abogada Aura Lorena Farfán acudió semanalmente ante la Corte de Justicia de Guayas para cumplir la medida cautelar de presentación ante el juez y prohibición de salida del país. Lo hacía con su hija recién nacida en brazos, por un caso de supuesto prevaricato en el que, finalmente, fue declarada inocente.
“No tiene ni idea de lo que uno vive, porque la persecución es grande”, dice al evocar esos días. Su caso, al igual que el de una gran cantidad de jueces destituidos por medio de la figura del error inexcusable, es parte de las denuncias que analiza el Consejo transitorio de Participación Ciudadana, en el marco de la evaluación a Gustavo Jalkh y los vocales del Consejo de la Judicatura.
Farfán cree que su caso es sintomático de una época en que, según cuenta, incluso las coordinadoras de las unidades judiciales se sentían en la potestad de injerir en las decisiones de los jueces. “Como yo siempre me manejo como una persona de carácter, jamás dejé que me manipulara ni siquiera la coordinadora”, asegura.
Farfán era jueza de la Familia, Niñez y Adolescencia. Con la perspectiva de los años, piensa que dos casos le hicieron caer en desgracia ante los ojos del Consejo de la Judicatura. El primero, un juicio de alimentos, donde le acusaron de retener el proceso, y el segundo y más complicado, la disposición de medidas cautelares dentro de un divorcio para proteger los bienes de la sociedad conyugal.
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En dos ocasiones se la destituyó, impidiéndole hasta la actualidad ser servidora pública. Cuenta que un Director de Gestión Procesal la buscó en su despacho y le pidió que dejara sin efecto esas medidas cautelares, porque era una exigencia de uno de los vocales del Consejo de la Judicatura. Ella, según su denuncia, se negó.
Cuando el vocal visitó esa Unidad Judicial habría mencionado a los jueces que pidió sanción en ese caso porque “no puede ser que hagan lo que se les dé la gana”. Años después, en el juicio de prevaricato que le interpusieron, la Justicia determinó que ella sí estaba facultada para dictar esas medidas.
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denuncias contra el Presidente y los vocales de la Judicatura se presentaron hasta el 17 de abril. El exjuez José Suing tiene una historia similar. En 2013 el tribunal que él conformaba falló a favor del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) determinando que una de las operaciones “no ameritaba que califique como subcapitalización”.
Recuerda que Carlos Marx Carrasco, en ese entonces director del Servicio de Rentas Internas (SRI), declaró en rueda de prensa que se estaba perjudicando al Estado en 252 millones y que iba a denunciar a los jueces. A los pocos días, en septiembre de 2013, los magistrados fueron notificados con la suspensión de sus funciones, previo a un sumario donde no les aceptaron pruebas y el Pleno de la Judicatura no los recibió para exponer su defensa. En diciembre fueron destituidos por error inexcusable.
Patrones
En medio de la evaluación del Presidente y los vocales de la Judicatura, el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) interpuso una denuncia ante el Consejo de Participación contra Jalkh. “Por lo menos podemos decir que hubo una utilización de la vía sancionatoria de los jueces como mecanismo de amedrentamiento y para conseguir de ellos lo que querían”, dice María Dolores Miño, directora ejecutiva de ODJ.
Para su denuncia, estudiaron los casos de más de 80 jueces, donde encontraron “patrones en práctica” que describen la injerencia en la Función Judicial. Por ejemplo, el caso de la exjueza Ivonne Hernández, quien después de haber otorgado un Hábeas Corpus a favor del empresario Álvaro Noboa fue suspendida y luego sumariada. Su caso, de hecho, consta en uno de los correos filtrados entre Jalkh y el expresidente Rafael Correa.
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cajas entregó la Judicatura como respuesta a la evaluación. “Te cuento que esta semana suspendía a dos juezas de Manabí que, mediante acciones de protección improcedentes, perjudicaban al Estado por 3 millones de dólares y seguramente serán destituidas al terminar el proceso. Como lo será esta semana la jueza que suspendió por el Hábeas Corpus a Noboa y que del proceso se desprende que debe ser destituida”, le dice Jalkh al criticado expresidente, en el presunto correo, adjuntado a la denuncia que Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación, receptó el pasado 11 de abril.
La base del problema
Según Miño, a lo largo de los testimonios y expedientes de los jueces destituidos se identifican arbitrariedades, como que ciertos jueces sumariados pueden defenderse y otros no. “Por ejemplo, tenemos el caso de una jueza que era miembro de un tribunal de tres, los tres firman la sentencia pero la única que es destituida es la que redacta”, dice.
A veces son casos donde el Estado tenía algún interés, pero también hay otros en que “alguien cercano al Gobierno tenía algún interés”, explica la denunciante.
El estudio de ODJ establece que la destitución no era la única medida de “hostigamiento”. Según los relatos, funcionarios de la Judicatura aparecían en las audiencias y se sentaban detrás de la parte que debía ganar el caso. Esta dinámica causaba un efecto inhibidor en otros jueces, conforme a lo investigado por Miño.
En la denuncia presentada incluso se mencionan casos en los que se encargaba juzgados temporales a jueces incómodos para abrumarlos de trabajo y luego sumariarlos porque los procesos no avanzaban. (MMD)
La defensa de la Judicatura
° La Hora pidió al departamento de Relaciones Públicas del Consejo de la Judicatura una respuesta sobre estas denuncias, particularmente la del Observatorio de Derechos y Justicia, y la respuesta fue que Jalkh se ha pronunciado sobre el tema en algunas ocasiones.
Desde el primer momento Jalkh manifestó que para él es “bienvenida” la evaluación. De hecho, según María Arboleda, la funcionaria designada por Trujillo para investigar los casos de corrupción, hasta el momento Jalkh ha entregado como informe de gestión 232 cajas con 258.887 fojas.
El plazo para que el CPC recepte denuncias de la sociedad civil en contra de los funcionarios en evaluación terminó el viernes pasado. Sin embargo, todavía las está procesando por lo que no se conoce el número definitivo.