Nueve presos que se cambiaron de pabellones con Hábeas Corpus han sido asesinados, en lo que va del año. Los dos últimos fueron William Humberto Poveda Salazar, alias ‘El Cubano’, y Jonathan Arol Rodríguez Sánchez, alias ‘Susuki’.
La cifra la compartió el Ministerio del Interior junto con un llamado de atención a la administración de Justicia, debido a que los internos habían sido ubicados en áreas de Tratamiento Especializado por dificultades de adaptación, conocidas como TEDA.
Esas garantías jurisdiccionales -que en estos casos se otorgan al revisar la forma y condiciones en las que se cumple la detención- han sido cuestionadas por las autoridades. Sobre los hechos, el director del Servicio Nacional de Atención a Adultos privados de la libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Edmundo Moncayo, sin muchos detalles, ha afirmado que se están realizando las indagaciones respectivas y que se va a revisar por qué los jueces aceptaron las medidas.
El experto en seguridad Ricardo Camacho cuestiona la creación de las TEDA, pues menciona que para la clasificación debió haberse conformado un comité con especialistas (sicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y otros) que pudieran determinar de forma técnica quiénes eran peligrosos y quiénes no. El especialista compara la implementación con un Arca de Noé en la que se quiso mezclar a tigres con cebras y que, a diferencia del relato bíblico, no tuvo éxito.
Violencia permanente
Desde el inicio de los traslados que se anunciaron como parte de las estrategias para aliviar el hacinamiento del 40% que existe en las cárceles, ya se registraron enfrentamientos entre bandas delictivas que controlan estos centros. En mayo, días después de su llegada a la cárcel de Latacunga, Darwin Eddy Corozo, alias ‘Negro Jessy’, murió apuñalado presuntamente por ajuste de cuentas y sus familiares han denunciado que ya había recibido amenazas.
EL DATO
El 16 de julio se renovó el Estado de Excepción en las cárceles por 30 días. Según Camacho, otros factores, como las condiciones en las que viven los presos, también han influido en los asesinatos. Por ejemplo, la muerte de alias ‘Susuki’, en esa misma prisión, se dio en medio de un amotinamiento masivo.
Desde el enfoque jurídico, expertos han criticado que en el país no existan jueces de garantías penitenciarias, a pesar de que el inciso 3 del artículo 203 de la Constitución establece que sean ellos quienes aseguren los “derechos de las personas internas en el cumplimiento de la pena” y decidan “sobre sus modificaciones”.
EL DATO
En las unidades judiciales de Chimborazo y Cotopaxi hay tres solicitudes en curso de presos que piden que los trasladen desde el pabellón TEDA.El subdecano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, Ramiro García Falconí, dice que para la formación de aquellos especialistas solo se necesitaría que se incluyera en las facultades una materia que se llame Derecho Penitenciario o Derecho de la Rehabilitación Social. Sin embargo, para él, la solución no está en un solo eje sino debe abordarse de manera interdisciplinaria.
García sostiene que mientras no se mejoren las condiciones de vida y el enfoque sea solo la seguridad, la violencia va a prevalecer, pues solo se ha cambiado de nombre a las instituciones que manejan el sistema, pero la lógica no ha sido la rehabilitación. (DLH)
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