El Ejecutivo vetó parcialmente la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas. En sus objeciones, principalmente de forma, plantea una conformación por niveles del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.
La Asamblea aprobó en unanimidad que el sistema estuviera estructurado por 18 instituciones, coordinado por el Ministerio de Gobierno, y que existiera un Comité de Investigación, Búsqueda y Localización, integrado por la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Medicina Legal.
Frente a esta conformación, el Ejecutivo plantea que el sistema esté compuesto por un órgano de Gobierno, un órgano ejecutor y las entidades operativas, cada uno con sus atribuciones específicas. Esto porque, según el presidente, Lenín Moreno, la Asamblea no determinó los órganos y niveles que garanticen la aplicación de los lineamientos que rijan al Sistema.
Este es uno de los cambios planteados por Moreno para la Ley. El viernes envió el veto a 37 artículos, a un título, al enunciado de un capítulo y a las disposiciones transitorias y generales.
En el documento de 71 páginas busca que la norma tenga un “enfoque humanitario”, con claridad en las competencias de cada institución y a la necesaria coordinación entre todas. Por lo que, el asambleísta Absalón Campoverde, presidente de la Comisión Ocasional que procesó la Ley, considera que se busca fortalecer el proyecto y darle más peso.
Composición
El órgano de gobierno propuesto por el Ejecutivo para el sistema, sería el que coordine y articule las políticas y estaría integrado por la Fiscalía General, la entidad rectora de seguridad ciudadana y la de Derechos Humanos, así como un representante del gabinete sectorial de lo social.
EL DATO
El Ejecutivo vetó un artículo que hablaba sobre la desaparición forzada, que no es materia de la Ley.El órgano ejecutor, que sería el Ministerio de Gobierno, estaría a cargo de coordinar y monitorear las acciones para el cumplimiento de las políticas, directrices y lineamientos adoptados por el primer nivel.
Finalmente, las entidades operativas serían la unidad especializada de la Policía Nacional, de la Fiscalía General y el Servicio de Medicina Legal. Este nivel, entre otras acciones, capacitaría a los servidores públicos.
Otros cambios
El Ejecutivo hace hincapié en el veto en mejorar los términos técnicos y la redacción de los artículos. También propone cambios a las disposiciones transitorias, pues considera que se deben establecer “plazos razonables y coherentes”.
Así, por ejemplo, sugiere que en lugar de 120 días para que el Ejecutivo emita el reglamento, no exista un plazo, y que no sean cuatro meses, sino seis, para crear unidades especializadas de la Fiscalía en cada provincia.
Campoverde confirmó que esta semana se hará una revisión del veto con los asesores y que el próximo martes sesionaría la Comisión, pues deben definir si allanarse a todo el texto o a ciertas partes. Por su parte, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), que acompaña a los familiares de personas desaparecidas, también hará un análisis del texto, después de que ayer fue notificada. (AGO)
El Ejecutivo vetó parcialmente la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas. En sus objeciones, principalmente de forma, plantea una conformación por niveles del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.
La Asamblea aprobó en unanimidad que el sistema estuviera estructurado por 18 instituciones, coordinado por el Ministerio de Gobierno, y que existiera un Comité de Investigación, Búsqueda y Localización, integrado por la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Medicina Legal.
Frente a esta conformación, el Ejecutivo plantea que el sistema esté compuesto por un órgano de Gobierno, un órgano ejecutor y las entidades operativas, cada uno con sus atribuciones específicas. Esto porque, según el presidente, Lenín Moreno, la Asamblea no determinó los órganos y niveles que garanticen la aplicación de los lineamientos que rijan al Sistema.
Este es uno de los cambios planteados por Moreno para la Ley. El viernes envió el veto a 37 artículos, a un título, al enunciado de un capítulo y a las disposiciones transitorias y generales.
En el documento de 71 páginas busca que la norma tenga un “enfoque humanitario”, con claridad en las competencias de cada institución y a la necesaria coordinación entre todas. Por lo que, el asambleísta Absalón Campoverde, presidente de la Comisión Ocasional que procesó la Ley, considera que se busca fortalecer el proyecto y darle más peso.
Composición
El órgano de gobierno propuesto por el Ejecutivo para el sistema, sería el que coordine y articule las políticas y estaría integrado por la Fiscalía General, la entidad rectora de seguridad ciudadana y la de Derechos Humanos, así como un representante del gabinete sectorial de lo social.
EL DATO
El Ejecutivo vetó un artículo que hablaba sobre la desaparición forzada, que no es materia de la Ley.El órgano ejecutor, que sería el Ministerio de Gobierno, estaría a cargo de coordinar y monitorear las acciones para el cumplimiento de las políticas, directrices y lineamientos adoptados por el primer nivel.
Finalmente, las entidades operativas serían la unidad especializada de la Policía Nacional, de la Fiscalía General y el Servicio de Medicina Legal. Este nivel, entre otras acciones, capacitaría a los servidores públicos.
Otros cambios
El Ejecutivo hace hincapié en el veto en mejorar los términos técnicos y la redacción de los artículos. También propone cambios a las disposiciones transitorias, pues considera que se deben establecer “plazos razonables y coherentes”.
Así, por ejemplo, sugiere que en lugar de 120 días para que el Ejecutivo emita el reglamento, no exista un plazo, y que no sean cuatro meses, sino seis, para crear unidades especializadas de la Fiscalía en cada provincia.
Campoverde confirmó que esta semana se hará una revisión del veto con los asesores y que el próximo martes sesionaría la Comisión, pues deben definir si allanarse a todo el texto o a ciertas partes. Por su parte, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), que acompaña a los familiares de personas desaparecidas, también hará un análisis del texto, después de que ayer fue notificada. (AGO)
El Ejecutivo vetó parcialmente la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas. En sus objeciones, principalmente de forma, plantea una conformación por niveles del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.
La Asamblea aprobó en unanimidad que el sistema estuviera estructurado por 18 instituciones, coordinado por el Ministerio de Gobierno, y que existiera un Comité de Investigación, Búsqueda y Localización, integrado por la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Medicina Legal.
Frente a esta conformación, el Ejecutivo plantea que el sistema esté compuesto por un órgano de Gobierno, un órgano ejecutor y las entidades operativas, cada uno con sus atribuciones específicas. Esto porque, según el presidente, Lenín Moreno, la Asamblea no determinó los órganos y niveles que garanticen la aplicación de los lineamientos que rijan al Sistema.
Este es uno de los cambios planteados por Moreno para la Ley. El viernes envió el veto a 37 artículos, a un título, al enunciado de un capítulo y a las disposiciones transitorias y generales.
En el documento de 71 páginas busca que la norma tenga un “enfoque humanitario”, con claridad en las competencias de cada institución y a la necesaria coordinación entre todas. Por lo que, el asambleísta Absalón Campoverde, presidente de la Comisión Ocasional que procesó la Ley, considera que se busca fortalecer el proyecto y darle más peso.
Composición
El órgano de gobierno propuesto por el Ejecutivo para el sistema, sería el que coordine y articule las políticas y estaría integrado por la Fiscalía General, la entidad rectora de seguridad ciudadana y la de Derechos Humanos, así como un representante del gabinete sectorial de lo social.
EL DATO
El Ejecutivo vetó un artículo que hablaba sobre la desaparición forzada, que no es materia de la Ley.El órgano ejecutor, que sería el Ministerio de Gobierno, estaría a cargo de coordinar y monitorear las acciones para el cumplimiento de las políticas, directrices y lineamientos adoptados por el primer nivel.
Finalmente, las entidades operativas serían la unidad especializada de la Policía Nacional, de la Fiscalía General y el Servicio de Medicina Legal. Este nivel, entre otras acciones, capacitaría a los servidores públicos.
Otros cambios
El Ejecutivo hace hincapié en el veto en mejorar los términos técnicos y la redacción de los artículos. También propone cambios a las disposiciones transitorias, pues considera que se deben establecer “plazos razonables y coherentes”.
Así, por ejemplo, sugiere que en lugar de 120 días para que el Ejecutivo emita el reglamento, no exista un plazo, y que no sean cuatro meses, sino seis, para crear unidades especializadas de la Fiscalía en cada provincia.
Campoverde confirmó que esta semana se hará una revisión del veto con los asesores y que el próximo martes sesionaría la Comisión, pues deben definir si allanarse a todo el texto o a ciertas partes. Por su parte, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), que acompaña a los familiares de personas desaparecidas, también hará un análisis del texto, después de que ayer fue notificada. (AGO)
El Ejecutivo vetó parcialmente la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas. En sus objeciones, principalmente de forma, plantea una conformación por niveles del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.
La Asamblea aprobó en unanimidad que el sistema estuviera estructurado por 18 instituciones, coordinado por el Ministerio de Gobierno, y que existiera un Comité de Investigación, Búsqueda y Localización, integrado por la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Medicina Legal.
Frente a esta conformación, el Ejecutivo plantea que el sistema esté compuesto por un órgano de Gobierno, un órgano ejecutor y las entidades operativas, cada uno con sus atribuciones específicas. Esto porque, según el presidente, Lenín Moreno, la Asamblea no determinó los órganos y niveles que garanticen la aplicación de los lineamientos que rijan al Sistema.
Este es uno de los cambios planteados por Moreno para la Ley. El viernes envió el veto a 37 artículos, a un título, al enunciado de un capítulo y a las disposiciones transitorias y generales.
En el documento de 71 páginas busca que la norma tenga un “enfoque humanitario”, con claridad en las competencias de cada institución y a la necesaria coordinación entre todas. Por lo que, el asambleísta Absalón Campoverde, presidente de la Comisión Ocasional que procesó la Ley, considera que se busca fortalecer el proyecto y darle más peso.
Composición
El órgano de gobierno propuesto por el Ejecutivo para el sistema, sería el que coordine y articule las políticas y estaría integrado por la Fiscalía General, la entidad rectora de seguridad ciudadana y la de Derechos Humanos, así como un representante del gabinete sectorial de lo social.
EL DATO
El Ejecutivo vetó un artículo que hablaba sobre la desaparición forzada, que no es materia de la Ley.El órgano ejecutor, que sería el Ministerio de Gobierno, estaría a cargo de coordinar y monitorear las acciones para el cumplimiento de las políticas, directrices y lineamientos adoptados por el primer nivel.
Finalmente, las entidades operativas serían la unidad especializada de la Policía Nacional, de la Fiscalía General y el Servicio de Medicina Legal. Este nivel, entre otras acciones, capacitaría a los servidores públicos.
Otros cambios
El Ejecutivo hace hincapié en el veto en mejorar los términos técnicos y la redacción de los artículos. También propone cambios a las disposiciones transitorias, pues considera que se deben establecer “plazos razonables y coherentes”.
Así, por ejemplo, sugiere que en lugar de 120 días para que el Ejecutivo emita el reglamento, no exista un plazo, y que no sean cuatro meses, sino seis, para crear unidades especializadas de la Fiscalía en cada provincia.
Campoverde confirmó que esta semana se hará una revisión del veto con los asesores y que el próximo martes sesionaría la Comisión, pues deben definir si allanarse a todo el texto o a ciertas partes. Por su parte, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), que acompaña a los familiares de personas desaparecidas, también hará un análisis del texto, después de que ayer fue notificada. (AGO)