Asociación ilícita y lavado de activos son los presuntos delitos que se investigan.
Con la designación de Alberto Santillán como fiscal provincial de Pichincha se espera la reanudación de la investigación en contra de los concejales Eddy Sánchez y Sergio Garnica. Sánchez tiene dos procesos en su contra, uno por asociación ilícita y otros delitos, junto a Garnica tras presuntas irregularidades en el proceso de regularización de taxis en Quito, y otro por lavado de activos.
En este último, estaba prevista la audiencia preparatoria de juicio para el 25 de marzo, pero fue diferida indefinidamente hasta que el Consejo de la Judicatura nombrara a un fiscal provincial. Una vez designado, Santillán se convierte en el noveno fiscal del caso, que inició con Fabián Salazar y continuó con Ruth Palacios, Maribel Barreno, Ximena Moina, Fernando Guerrero, Galeano Balcázar, Santiago Mozo y Sandra Rosillo.
“La situación no ha variado, la justicia se está tardando demasiado”, cuestionó el abogado de Sánchez, Pablo Encalada. “Esperamos que ya se den las audiencias, que Fiscalía acuse o no acuse y nosotros nos podamos defender”, dijo.
A su criterio sí tenía sentido el último diferimiento de la audiencia, pero ahora espera que el nuevo fiscal revise el expediente para que solicite nuevo día y hora. “Hemos pasado por nueve fiscales, es increíble la inseguridad jurídica con la que hemos trabajado”.
Elementos
Dentro del caso de lavado de activos, Encalada confirmó que se han tomado versiones de transportistas y dirigentes, que existen auditorías de Justicia Vial y del Consejo de Participación Ciudadana, de los cuales, según su postura, no tienen elementos en contra de su defendido.
“No hay una constancia de que Eddy Sánchez haya tenido una organización con otras personas para vender cupos (para taxis). La Fiscalía debería abstenerse de acusar, pero va a acusar”, puntualizó Encalada. (AGO)
EL DATO
El 28 de junio de 2018 inició la instrucción fiscal en el caso de lavado de activos.