El endeudamiento es más caro para Ecuador

COSTO. Los mercados desconfían, y la tasa de interés sube para Ecuador.

Desde enero hasta la fecha, la tasa de interés que inversionistas piden por bonos subió en un 2,6%.

De la mano de la escalada creciente del Riesgo País, que ayer llegó a los 759 puntos, un aumento de 311 ítems con respecto a enero pasado, en el mismo periodo de tiempo, la tasa de rendimiento de los bonos ecuatorianos pasó del 7,87% al 10,52%.

Esto quiere decir que si en la actualidad el Gobierno ecuatoriano realiza una emisión de bonos soberanos, como la del 18 de enero pasado, con un valor de 3.000 millones de dólares y a 10 años plazo, tendría que pagar por concepto de interés un 2,65% más.

Pero si la emisión es a menor plazo, es decir a 5 años, el costo financiero que debería afrontar el Gobierno tendría un incremento mayor. Así, en enero los bonos soberanos de país a ese plazo tenían un interés del 5%, pero ahora está en alrededor del 9%.

Incremento
Esta evolución es confirmada por el reporte del Global Market Monitor de Bloomberg, empresa estadounidense de asesoría y consultoría financiera, donde se registró que el aumento más pronunciado inició desde finales de marzo y principios de abril. En ese periodo, el rendimiento de los bonos ecuatorianos estaba en el 8,5% y escaló hasta los 10,52% de los primeros días de mayo.

Todo esto lleva a la conclusión de que cualquier emisión nueva que realice el Gobierno deberá pagar, solo en intereses adicionales, entre 100 y 250 millones de dólares anuales.

EL DATO
El gasto promedio del Estado bordea los 2.200 millones de dólares cada mes.Santiago Mosquera, profesor universitario y economista, explicó que si bien las tasas de interés subieron a nivel general para todos los emisores, sean países desarrollados o emergentes, el caso de Ecuador es sin duda el de mayor deterioro.

“Los inversionistas de mercados de deuda aprecian la buena comunicación con los emisores soberanos. Tuve la oportunidad de participar en las reuniones del FMI y del Banco Mundial en Washington. Allí, inversionistas tenedores de deuda ecuatoriana y otros potenciales esperaban encontrarse con la ministra (María Elsa Viteri). Esa reunión fue cancelada, dejando a los inversionistas con preguntas sobre el nuevo programa económico, los esfuerzos de consolidación fiscal y datos acerca de cómo se espera cerrar la brecha de financiamiento para este año”, dijo Mosquera.

Un problema heredado
Por su parte, el exministro de finanzas Fausto Ortiz añadió que una gran parte del problema es que al actual Gobierno le tomó casi un año darse cuenta que el problema fiscal, heredado de la administración (de Rafael) Correa, es muy grave.

“Sin embargo, no se toman las medidas necesarias y urgentes, que pasan por la presentación del Plan económico y el registro de la deuda pública, según el informe de Contraloría. Además de una posición más frontal y efectiva para reducir el gasto público que genera un déficit fiscal cada vez más inmanejable”, puntualizó.

En otras palabras, las demoras para tomar los correctivos y los mensajes poco claros o nulos, desde el Ministerio de Finanzas y la misma Presidencia, han configurado un ambiente de incertidumbre y poca confianza en el programa económico, lo que a su vez resulta en que cualquier nuevo financiamiento sea más caro para el país.

¿Ir al FMI?
Al respecto, Alberto Acosta Burneo afirmó que deberíamos aprender del ejemplo de Argentina, que luego de una década de irresponsabilidad fiscal se vio forzada recientemente a solicitar un rescate al FMI.

“Tenemos dos caminos. El primero es hacer las tareas previamente y lograr una economía sólida para obtener financiamiento barato y sin condicionalidad. La segunda opción es llegar con desequilibrios graves y comprometernos a una carta de intención a cambio de fondos para un salvataje”, concluyó.

No obstante, las últimas declaraciones de María Elsa Viteri no dan mayores luces sobre la Ley económica ni sobre la estrategia de financiamiento, además volvió a remitirse a los datos deuda consolidada del 32% del PIB, y agregada del 46% del PIB, los cuales contradicen las conclusiones del informe de Contraloría. (JS)